El nuevo mapa de emergencias solo incluye sedes en Santiago y Brión

Santa Comba, Padrón, Ordes y Arzúa tendrán equipos para cubrir el resto de comarcas. El Mapa de Emerxencias de Galicia, diseñado por la Xunta en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y las diputaciones provinciales, provocará cambios significativos en el servicio que recibirá el área metropolitana de Compostela y su zona de influencia. El nuevo modelo desgaja la comarca de Santiago en varios ámbitos de seguridad y prácticamente da por enterrado el viejo proyecto del parque comarcal de bomberos. El reparto deja a la ciudad de Santiago con el parque municipal que ahora posee y crea para los concellos de Ames, Teo, Brión y Vedra un área supramunicipal que fija su sede en Brión, concello que dispone en estos momentos de un grupo de intervención propio que ahora tiene una plantilla estable de cuatro personas y que con el nuevo grupo de emergencias aumentará a doce. Pero si el nuevo modelo surge como agua de mayo para Brión y Ames, sobre el papel condena al cierre al grupo de Boqueixón, ya que este municipio pasará a depender del parque comarcal de Arzúa, concello que, a su vez, también pierde a su actual equipo de intervención. La división de la comarca política de Santiago también queda patente con Val do Dubra, que quedaría adscrito al parque comarcal de bomberos de Ordes, municipio que hasta el año pasado también disponía de personal de intervención propio, ya desaparecido. La filosofía del plan no entiende de fronteras, tampoco entre provincias. Así se explica que, por ejemplo, Teo quede parcialmente cubierto por la zona de Pontevea por el grupo ubicado en A Estrada. El resto de ayuntamientos quedan vinculados al grupo de emergencias de Pa drón y a los parques comarcales de bomberos de Arzúa, Ordes y Santa Comba. La previsión de la Xunta es que el nuevo modelo funcione en primavera. Este es el margen de maniobra que tienen ayuntamientos como Boqueixón y Arzúa, dispuestos a dar la batalla para no perder efectivos. Las funciones de estos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) incluye intervenciones en incendios forestales y urbanos, trabajos forestales preventivos y de extinción, intervenciones en la red de carreteras, actuación en situaciones de riesgo y colaboración en los planes de protección civil. El servicio autonómico del 112 coordinará todas las emergencias y en función de cada caso podrá movilizar personal de refuerzo perteneciente a zonas limítrofes. Esto permite, según la Xunta, que en el entorno de Santiago la plantilla de personal de seguridad ronde el centenar de personas El plan fija un tiempo máximo de respuesta de media hora a cualquier lugar A falta de que la Xunta desvele en detalle el diseño de un entramado que define como «unha auténtica malla de seguridade», el objetivo final es que ante cualquier situación de emergencia que se dé en cualquier punto de Galicia el tiempo de respuesta sea, como máximo, de treinta minutos. Uno de los principales argumentos de la Xunta la Fegamp es que el actual modelo territorial de seguridad no sirve, de ahí que se opte por una estructura supramunicipal cuyo desarrollo se ha cerrado con consenso entre la Administración autonómica y la federación gallega de municipios, aunque, en realidad, los concellos que forman parte de la Fegamp desconocen en gran medida cómo funcionará el nuevo modelo. Las incógnitas que sí desvela el futuro sistema de emergencias es la financiación del nuevo servicio, ya que hasta ahora eran los concellos con grupos de intervención a su cargo los que tenían que tramitar la concesión de fondos cuando en muchas ocasiones las plantillas que estaban a su cargo efectuaban numerosas salidas fuera de los concellos sin que los municipios beneficiarios asumiesen explícitamente los costes. El actual modelo fija un reparto del coste del 60 % a cargo de la Xunta, dejando el 40 % restante a dividir en partes iguales entre la Diputación provincial correspondiente y el municipio en el que está ubicado el grupo de emergencias, lo que supone una partida que ronda los 50.000 euros. Los concellos podrán complementar el servicio con plantillas propias.