30 abr 2012

Los beneficios de los molinos eólicos servirán este año para proteger el monte

El Fondo de Compensación Ambiental (FCA), creado en el año 2009 y activado en 2010 y que se nutre del canon eólico establecido en la regulación de las condiciones de aprovechamiento de los parques eólicos instalados en suelo gallego destinará este año un porcentaje de su recaudación —derivada del canon que grava la actividad— a la protección y vigilancia de los montes. Entre los fines ambientales para los que fue creado este depósito, que revierte al 50% en los municipios, habrá este ejercicio uno nuevo. La administración autonómica destinará parte de los fondos que se repartan en los próximos meses, que alcanzarán los 22 millones de euros (la mitad irán destinadas a actuaciones de los ayuntamientos), a crear cinco grupos «experimentales» para la atención a las emergencias y dirigidos a la vigilancia ambiental. Los equipos, que se compondrán de entre 12 y 14 personas, tendrán como misión «la vigilancia y lucha contra el fuego». La orden que establece el reparto y la convocatoria de subvenciones ligadas al FCA se publicará en breve en el Diario Oficial de Galicia (DOG). En el 2012, como apuntaba el director general de Administración Local de la Consellería de Presidencia, Norberto Uzal, la Xunta financiará el 60% de la contratación de los nuevos grupos de vigilancia ambiental —el 40% restante se repartirá entre diputaciones y municipios—, que «completarán el mapa de emergencias de Galicia»; y la de técnicos, especialmente arquitectos, para dar servicios a municipios pequeños que no cuenten con personal propio para tareas de ordenación urbanística, asesoría y medio ambiente. Uzal ha expuesto que en los tres años que lleva funcionando el FCA, este ha alcanzado los 60 millones de euros, de los que 22 corresponden a 2012. De esta última cantidad, la mitad es gestionada por la Consellería de Presidencia, y el otro 50% por la de Facenda. Una de las principales motivaciones del fondo, cuando fue aprobado en el año 2009, era reparar el impactos ambiental y paisajísticos y los daños naturales ligados a la explotación energética de los parques. Ahora, a estos objetivos se une la prevención en la lucha contra los desastres ecológicos y los ataques contra el patrimonio natural. Para las contrataciones de los grupos de emergencias y vigilancia y las de los técnicos en ayuntamientos se reservarán este año 700.000 euros por parte de la Xunta, que se completarán con las aportaciones de municipios (todos los que tengan aprovechamientos eólicos, 200 de los 315 en total, tienen derecho al FCA) y diputaciones provinciales. Funcionamiento estable Los grupos, explicaba el director general, serán brigadas con «un modelo similar al de los Grumir, pero con «un funcionamiento más estable y tendencia a profesionalizarse». Así, una parte de sus labores se centrará en la prevención y la lucha contra los incendios forestales. Estos especialistas estarán asentados en lugares en los que ya existan medios para asistir a este tipo de emergencias, apuntaba Uzal. La idea, explicaba, es crear este año «uno o dos grupos por provincia» —en total están proyectados cuatro o cinco, ha puntualizado— con entre 12 y 14 integrantes, pero todo ello dependerá de las negociaciones con las diputaciones provinciales y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que cofinancian las iniciativas. El director general ha destacado que el fondo tiene «un carácter ambiental» y ha subvencionado, desde su creación en 2008, proyectos de lucha contra incendios, de emergencias, de puesta en valor de zonas de interés ambiental, de ahorro energético o de saneamiento. Además, ha defendido que la medida nace del «compromiso de la Xunta con las haciendas locales» y sirve de elemento «de reequilibrio territorial», pues los ayuntamientos con parques eólicos son en muchos casos municipios del interior. Hay «más de 200 ayuntamientos beneficiados», subrayó. De la enorme variabilidad de los proyectos dio cuenta cuando enumeró proyectos como la rehabilitación de una aldea rural en Muras (Lugo), o la dinamización de la zona o la exhibición de burros en O Grove (Pontevedra), un atractivo turístico que esconde la la intención de preservar a una especie en peligro de extinción. Entre los destinos e inversiones que permite el FCA están actuaciones para la recuperación de espacios naturales y saneamientos; prevención de incendios; el control ambiental (como las compras de equipamientos para la toma de mediciones relacionadas con actividades insalubre); proyectos de eficiencia energética, de protección del medio ambiente y del espacio natural (en este caso, también se contempla la compra de vehículos que puedan emplearse en situaciones de emergencia).

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